Constitucion de la República Libre de Venezuela."

INTERCONGRESO CONTONI.



Constitución Nacional de la República Libre de Venezuela.


En Nombre de Dios la Venezuela Libre.

Una constitución de ciudadanos libres de democracia participativa directa, individual, pluralista, endógena y con fines potenciales para la humanidad. Esta constitución tiene seis secciones principales que dictan la libertad absoluta de los ciudadanos de la República Libre de Venezuela sin discusión ante ellas, aquel o aquellos que no la acepten estarán incurriendo en faltas de emancipación de los ciudadanos Venezolanos.
Nada es mas grande que la libertad plena de los ciudadanos de una Nación para poder defenderse de las autoridades que usurpan el poder, siendo así se da a conocer las siguientes secciones conjuntamente con esta constitución.
En esta Constitución se elimina al Consejo Republicano como defensor del Pueblo por ser representantes del Poder Ciudadano quitándole el poder a los Ciudadanos, y se pone en ella a los ciudadanos en su organización del Bloque Menor. Tampoco existen ministros porque el Poder Ciudadano toma ese ejercicio en esta Constitución.

Seccion 1

El Poder Público Nacional está dividido en 5 poderes los cuales son: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral.

Seccion 2

El Poder Legislativo es dirigido por una cámara unida a la Asamblea Nacional, encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales, las que rigen en el Distrito Capital, las Dependencias y los Territorios Federales. Se compone por 167 diputados que sirven por cinco años y pueden ser reelegidos.

Seccion 3

El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca.

Seccion 4

El Poder Electoral está constituido y representado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien se encarga de ser el árbitro a la hora de votar.

Seccion 5

El Poder Ejecutivo está creado por una Asamblea de Presidencia, una Asamblea de Auspicio y una Asamblea de Ejecutivos y estas tres Asambleas se le da el nombre de Bloque Mayor.

Seccion 6

El Poder Ciudadano es ejercido directamente por el ciudadano en sus dos Asambleas las cuales son Asamblea de Estudio y la Asamblea Productora. Estas dos Asambleas reciben el nombre de Bloque Menor.

Fin del Preámbulo.


CONSTITUCIÓN

TÍTULO I

Capítulo I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES


Articulo 1.

La República Libre de Venezuela es irrevocablemente libre, democratica, participativa, individualista, pluralista, endógena e independiente y fundamenta su patrimonio moral, social, cultural y productivo en sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz nacional e internacional en la doctrina de los buenos ejercicios con vista hacia el presente y futuro sostenible.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la defensa y autodefensa, la integridad territorial, la oportunidad para todos los ciudadanos, la autodeterminación nacional y el equilibrio social, moral, cultural y productivo.

Artículo 2.

La República Libre de Venezuela se constituye en una Nación hecha Estado, es decir, un Estado democrático de participación directa, moral y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, moral, cultural y productiva así como en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político y humanitario.

Artículo 3.

La Nación hecha Estado tiene como fines esenciales la defensa, la autodefensa, el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad ciudadana, la construcción de una sociedad justa de participacion directa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad, el bienestar de la Nación y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Artículo 4.

La República Libre de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, humanidad, conciencia, concurrencia y corresponsabilidad.

Artículo 5.

La soberanía reside intransferiblemente en los ciudadanos de la Nación, quien la ejerce directamente por medio del sistema de proyectos y sugerencias en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía ciudadana y a ella están sometidos.

Artículo 6.

El gobierno de la República Libre de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, de participación directa, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista, humanista, pacifico, evolutivo, progresivo y de mandatos revocables.

Artículo 7.

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos están sujetos a esta Constitución.


Artículo 8.

La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo de siete estrellas; el himno nacional Gloria al bravo pueblo, nuestro libertador Simón Bolivar y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria de la República Libre de Venezuela.
La ley regulará sus características, significados y usos.

Artículo 9.

El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.

Fin del TÍTULO I



TÍTULO II

DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA

Capítulo I

Del Territorio y demás Espacios Geográficos

Artículo 10.


El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.

Artículo 11.

La soberanía, autoridad y vigilancia sobre el mar territorial, la zona marítima contigua, la plataforma continental y el espacio aéreo, así como el dominio y explotación de los bienes y recursos en ellos contenidos, se ejercerán en la extensión y condiciones que determine la ley.

Artículo 12.

Los Yacimientos Mineros, de Hidrocarburos y Otras Riquezas, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el Suelo y Subsuelo del Territorio Nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a sus dueños naturales privados. ( con sujeción de impuestos por parte del Estado Venezolano),  y los terrenos baldíos existentes,  pertenecen a la República de Venezuela, a los Estados Regionales, a Los Municipios Principales y a los Municipios Subalternos; por lo tanto;  son inalienables e imprescriptibles de sus dueños naturales que demuestren la cadena sucesorial de la propiedad y la tenencia de tiempo de dichos territorios; los cuales podrán disponer a conveniencia y discreción de los intereses privados;  y los Territorios  Baldíos  a conveniencia y discreción de los habitantes de las dependencias que estos  correspondan. Las Costas Marinas son bienes del dominio del Estado Venezolano,  de los Estados Regionales, de los  Municipios Principales y Municipios Subalternos según sea el caso.

Se creará y redactará una Ley Especial de la propiedad y la tenencia de las tierras y espacios territoriales que beneficie al estado venezolano, a los Estados Regionales, a los Municipios Princinpales, a los Municipios Sublalternos y sobre todo a los ciudadanos Venezolanos y extranjeros establecidos legalmente en el territorio nacional Venezolano.

Artículo 13.

El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

El espacio geográfico de la República Libre de Venezuela es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ningún país o paises, nación o naciones, potencia o coalición de potencias.

Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional.

Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.

Artículo 14.

La ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República Libre de Venezuela.

Artículo 15.

La Nacion hecha Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo moral, social, productivo, cultural y de integración. Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones especiales donde una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.


Capítulo II

De la División Política

Artículo 16.


Con el fin de organizar políticamente la república, el territorio nacional se divide en el de los estados, el del Distrito Capital, de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios principales y Municipios Subalternos.
La división político territorial será regulada por ley orgánica que garantice la autonomía de municipios subalternos, los municipios Principales y la descentralización político administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo.

Artículo 17.

Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen y administración estarán señalados en la ley.

Artículo 18.

La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República.

Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso, la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.

Fin del TÍTULO II



TÍTULO III

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 19.


La Nación hecha Estado garantizará a toda persona, conforme al principio del progreso moral, social, cultural, productividad entre otros, sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Libre de Venezuela y con las leyes que la sustentan.

Artículo 20.

Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social.
Nada podrá frenar la defensa de los derechos humanos de cada ciudadano o grupos de ciudadanos por medio de las sugerencias y proyectos provenientes de cada ciudadano o grupos de ciudadanos dispuesta en esta constitución mientras no incurran en abuso sobre otros.

Artículo 21.

Todas las personas son iguales ante estas leyes que se dictan en esta constitucion, siendo consagrados directamente con la participacion de los ciudadanos de la Nación.
No se permite la discriminación de ningún tipo y se basa en sus principios sobre el respeto del ser humano hacia la igualdad de todos por igual. La defensa y la autodefensa sobre este tema se respalda por medio de la voluntad de cada ciudadano en ser tratados a todos con dignidad y respeto.


Artículo 22.

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Artículo 23.

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos que ejercen el poder.

Ariculo 24.

ningúna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Artículo 25.

Todo acto dictado en ejercicio del Poder que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios o individuos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.


Artículo 26.

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
La Nación hecha Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, de igualdad, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 27.

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.


Artículo 28.

Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas.
Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

Artículo 29.

La Nacion hecha Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Artículo 30.

La Nacion hecha Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios.
La Nacion hecha Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

La Nacion hecha Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.


Artículo 31.

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

La Nacion hecha Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

Capítulo II

De la nacionalidad y de la ciudadanía

Artículo 32.


Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:
    1. Toda persona nacida en el territorio de la República.

    2.Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento.

    3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.

    4. Toda persona nacida en territorio extranjero, de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir dieciocho años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.


Artículo 33.

Son venezolanos por naturalización:
    1. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza. A tal fin, deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.

    2. El tiempo de residencia se reducirá a cinco años en el caso de aquellos que tuvieren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe.

    3. Los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.

    4. Los extranjeros menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los veintiún años de edad y hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha declaración.


Artículo 34.

La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.

Artículo 35.

Los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley.

Artículo 36.

Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos por naturalización que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente con los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.

Artículo 37.

La Nacion hecha Estado promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los Estados fronterizos y los señalados en el numeral 1 del artículo 33 de esta Constitución.

Artículo 38.

La ley dictará, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como con la revocación y nulidad de la naturalización.

Sección Segunda: De la Ciudadanía

Artículo 39.


Los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y pertenecen a los Bloques del sistema como Asambleistas; en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución.

Artículo 40.

Los derechos políticos son privativos de los venezolanos salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.
Gozan de los mismos derechos de los venezolanos por nacimiento los venezolanos por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.

Artículo 41.

Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de la Asamblea de Presidencia, Asamblea de Auspicio, Asamblea de Ejecutivos siendo estos tres el Bloque Mayor, como tambien el Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, defensor del ciudadano, comisiones del bloque menor de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, Finanzas, Energía y Minas, Educación, Gobernadores y Alcaldes de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores y Alcaldes de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.

Todos estos cargos están creados por individuos del Bloque Menor que pueden crear proyectos y sugerencias y estos darle el empuje para pertenecer a los cargos antes mensionados, siendo elegidos por medio del sufragio en Asamblea General. La Asamblea de Estudio y la Asamblea Productora son las asambleas que conforman al Bloque Menor, la Asamblea de Presidencia, Asamblea de Auspicio y la Asamblea de Ejecutivos conforman el Bloque Mayor y entre estos dos Bloques conforman la Asamblea General.

Para ejercer los cargos de diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores y Alcaldes de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.

Para pertenecer a la Asamblea del Bloque Menor debe ser Venezolano por nacimiento pudiendo ejerecer desde cualquier parte del mumdo, y si es Venezolano por naturalización debe de tener domicilio con residencia en Venezuela.
Todos los. cargos son brazos o raices del Bloque Menor.


Artículo 42.

Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía y al ser Asambleista de cualquiera de los Bloques. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Capítulo III

De los Derechos Civiles

Artículo 43.


El derecho a la vida es inviolable. ningúna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. La Nación hecha Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

Artículo 44.

La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

    1. ningúna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

    2. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.

    3. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados, o personas de su confianza; y éstos a su vez, tienen el derecho a ser informados sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron.

    4. Respecto a la detención de extranjeros se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.

    5.La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.

    6. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.

    7. ningúna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.

    8. Toda persona que por algun motivo se encuentre detenida sea cual fuere su causa y pertenece a algún cargo, o a la Asamblea del Bloque Mayor o a la Asamblea de Estudio, dejará su cargo por reemplazo de otro y pasará a formar parte como Asamblea Productora, pudiendo hacer su autodefensa directamente exponiendo sugerencias y proyectos con base a sus acusaciones.


Artículo 45.

Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley.


Artículo 46.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:
    1. ningúna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.

    2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

    3. ningúna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley.

    4. Todo funcionario que en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la ley.


Artículo 47.

El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Las visitas sanitarias que se practiquen de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas.

Artículo 48.

Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.


Artículo 49.

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
    1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

    2.Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

    3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

    4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. ningúna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Las comisiones de la Asamblea de Estudio tienen que contar con los jueces apropiados para tal fin.
    5. ningúna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ningúna naturaleza.
    6. ningúna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

    7. ningúna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

    8. Toda persona podrá solicitar de la Nación hecha Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado, del juez y el derecho del Estado de actuar contra éstos.


Artículo 50.

Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.
Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos.

Artículo 51.

Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, entidad o funcionario sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.

Artículo 52.

Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. La Nación hecha Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 53.

Toda persona tiene el derecho de reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.

Artículo 54.

ningún humano podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. La trata de personas sin ver sexo, edad, raza, religión, educación, clase o cualquiera en todas sus formas estará sujeta a las penas previstas en la ley.

Artículo 55.

Toda persona tiene derecho a la protección por parte de la Nacion hecha Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley y en su autodefensa por medio de sus exponencias en el ejercicio como Asambleista, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad de la Nación hecha Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.


Artículo 56.

Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.

Artículo 57.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa o de cualquier tipo.

Se prohíbe la censura a los funcionarios para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.

Artículo 58.

La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Artículo 59.

El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos.


Artículo 60.

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos y funciones.

Artículo 61.

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o la de los demás o constituya delito alguno. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Capítulo IV

De los Derechos Políticos y del Referendo Popular

Sección Primera: De los Derechos Políticos

Artículo 62.


Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente por medio de sus exponencias como asambleistas o por medio de sus representantes elegidos o elegidas, así también en los asuntos de la Nacion hecha Estado debidamente organizados y consagrados en esta constitución.

La participación directa del ciudadano en la formación, informacion, ejecución y control de las gestiones, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación de la Nación hecha Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 63.

El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 64.

Son electores así tambien como asambleístas todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

Todos los ciudadanos Venezolanos y extranjeros pueden hacer produccion en las industrias que genere el sistema del Intercongreso Contoni para beneficio propio y de los suyos, generando así sustento de vida para todos los que hacen vida en República Libre de Venezuela, los extranjeros no importa contar con 10 años de residencia en el país y tanto como los extranjeros como los Venezolanos tienen que contar con 18 años o más.


Artículo 65.

No podrán optar a cargo alguno de elección popular ni del sistema como Asamblea del Bloque Mayor y Asamblea de Estudios o cualquier alto cargo público de alto rango, quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito y solo perteneceran a la Asamblea Productora.

Artículo 66.

Los electores así como los Asambleístas tienen derecho y el deber a rendir cuentas si tuviere alguna responsabilidad con República o a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado, al negarse u ocultar este convenio se puede apelar por medio de una sugerencia la investigación por parte de cualquier asambleísta, elector o electora.

Artículo 67.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de presentar proyectos políticos y sus cargos de elección popular serán seleccionados en elecciones con la participación de los integrantes de la Asamblea del Bloque General de la parroquia que pertenece, del municipio que pertenecer, del Estado a que pertenece o a la Asamblea General a nivel Nacional.

No se permitirá propagandas con fines políticos sino la exponencia de proyectos, y aquel o aquellos que tengan el mejor proyecto y sean elegidos por el Bloque Menor serán los que pertenezcan a los cargos que han luchado por el.

Los ciudadanos, por iniciativa propia, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales y apoyar a los ciudadanos que realicen proyectos y que tengan la intencion de pertenecer al Bloque Mayor u otros cargos.


Artículo 68.

Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

Artículo 69.

La República Libre de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.
Se prohíbe la extradición de los venezolanos.

Artículo 70.

Son medios de participación y protagonismo de la Nacion hecha Estado en ejercicio de su soberanía en lo político: la postulacion y elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la Asamblea de ciudadanos en las Asambleas tanto del Bloque Mayor y del Bloque Menor, la propuestas de proyectos, sugerencias e ideas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; en lo moral, social, cultural, productivo y todas aquellas que puedan existir, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria e industrias abiertas y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

Sección Segunda: Del Referendo Popular

Artículo 71.


Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa de dos o mas firmas de la Asamblea de Presidencia en Consejo del Bloque Mayor con dos o mas firmas conjuntas de la Asamblea de Ejecutivos; por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud del 10% o más de los votos los electores inscritos en el registro electoral o la misma cantidad de personas del Bloque Menor.

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o al Gobernador de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de la Asamblea del Bloque Menor en la circunscripción correspondiente que lo soliciten.

Artículo 72.

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor del veinte por ciento de los electores inscritos en la correspondiente circunscripcion o la misma cantidad de personas del Bloque Menor del sector que pertenece, podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de personas bien sea electores inscritos o Asambleístas del Bloque Menor que eligieron al funcionario, hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o Asambleístas del Bloque Menor igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.


Artículo 73.

Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional o el veinticinco por ciento del los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad de personas del Bloque Menor. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los integrantes inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad de personas de la Asamblea del Bloque Menor, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.

Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa con mínimo dos Firmas conjuntas de la Asamblea de Presidencia en Consejo del Bloque Mayor; con dos o mas firmas dos integrantes de la Asamblea de Ejecutivos; o por el quince por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad del personas del Bloque Menor.

Artículo 74.

Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad de personas de la Asamblea del Bloque Menor, o por dos o tres firmas de la Asamblea de Presidencia en Consejo del Bloque Mayor.

También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte por dos o tres firmas la Asamblea de Presidencia en uso de la atribución prescrita en el numeral 9 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad de personas de la Asamblea e Bloque Menor.
Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral o la misma cantidad de personas de la Asamblea del Bloque Menor.
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.

No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia.


Artículo 75.

La Nacion hecha Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. La Nacion hecha Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado de conformidad con la ley La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.

Artículo 76.

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. La Nacion hecha Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio y asegurará servicios de planificación familiar integral.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquel no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

Artículo 77.

Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisito.


Artículo 78.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. La Nacion hecha Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 79.

Los jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. La Nacion hecha Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.

Artículo 80.

La Nación hecha Estado garantizará a los ancianos el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. La Nación hecha Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Los ancianos tienen derecho absoluto del goce libre sobre todos los benedicios de la Nación hecha Estado. A los ancianos se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.


Artículo 81.

Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración personal, familiar y publica. La Nación hecha Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, la evolucion, la socialidad, la moralidad, la productividad y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo, educación, entretenimiento y otras acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas.

Artículo 82.

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y La Nacion hecha Estado en todos sus ámbitos.
La Nación hecha Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Artículo 83.

La salud es un derecho social fundamental, obligación de la Nación hecha Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. La Nación hecha Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios Nacionales como Internacionales suscritos y ratificados por la República.


Artículo 84.

Para garantizar el derecho a la salud, la Nación hecha Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración Moral, social, productivo y de solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad de la Nación hecha Estado y no podrán ser privatizados.

Está de mas por decir que la comunidad organizada por medio de sus Asambleas del Bloque Menor, tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Artículo 85.

El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación de la Nación hecha Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. La Nación hecha Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y una industria nacional de producción de insumos para la salud. La Nacion hecha Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.

Artículo 86.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. La Nación hecha Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines.

Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.


Artículo 87.

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. La Nación hecha Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin de la Nación hecha Estado fomentar el empleo, la ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores públicos y privados independientemente que pertenezcan o no a la Asamblea Productora del Sistema. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados como tambien del sistema de productividad del sistema público. La Nación hecha Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.

Artículo 88.

La Nación hecha Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. La Nación hecha Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar Moral y social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.


Artículo 89.

El trabajo es un hecho moral, social, productivo y gozará de la proteccion y auto-protección de la Nación hecha Estado, La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, productivas, laborales, potenciales, de desarrollo evolutivo, de auto-educacion e intelectuales de los trabajadores. Para el cumplimiento de esta obligación de la Nación hecha Estado se establecen los siguientes principios:

    1. ningúna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad, el progreso y productividad de los derechos y beneficios laborales.

    2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos, al menos que el trabajador hubiera incurrido a un delito o daño premeditado y si llega a ser despedido este tiene que ser justificado por escrito en una carta de despido contando mimimo con dos testigos, pudiendo el trabajador defender su puesto con las autoridades pertinentes si fue un despido injustificado donde también debe de contar con sus testigos.

    3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador, y el trabajador tiene derecho a mejorar la situacion por medio de sus sugerencias.

    4.Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

    5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, credo o por cualquier otra condición.

    6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral y la Nación hecha Estado los protegerá contra cualquier explotación.

    7. Toda medida, normas o acto el trabajador como Asambleista que es, tiene el derecho y el deber de exigir las condiciones adecuadas por medio del aportes de sugerencias o proyectos a la Asamblea Pertinente para su estudio y puesta en marcha.

    8. Los aportes de sugerencias y proyectos para exigir condiciones y mejoras, queda a escrutinio directo del sistema que es afectado, decidiendo por medio del voto si es aceptada o no dicha dicha sugerencia o proyecto.


Artículo 90.

La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores.

Los trabajadores tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.

Artículo 91.

Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley.

La Nación hecha Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

La Nación hecha Estado también garantizará a los ciudadanos el bienestar generador de progreso a gran escala, fortaleciendo una educación laboral de forma autogestionada expandiendo la moral, lo social, los cultural y la productividad tanto a los estados como a la Nación por medio de la reparticion de bienes en los depositos de las industrias abiertas, donde estas contarán con una ley basica y esta constitución la amapara.

Artículo 92.

Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Artículo 93.

La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado.
La ley establecerá las prestaciones que recompensen la antigüedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantía.

Artículo 94.

La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. La Nación hecha Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Artículo 95.

Los trabajadores sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores están protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores y los integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de bienes.

Artículo 96.

Todos los trabajadores del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. La Nacion hecha Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.

Artículo 97.

Todos los trabajadores del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.

Capítulo VI

De los Derechos Culturales y Educativos


Artículo 98.


La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa humanística incluyendo la protección legal de los derechos del autor sobre sus obras. La Nación hecha Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras literarias, musicales, artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y las que puedan existir de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Artículo 99.

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que La Nación hecha Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. La Nación hecha Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

Artículo 100.

Las culturas populares de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. La Nación hecha Estado garantizará a los trabajadores culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.

Artículo 101.

La Nación hecha Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y no popular y la obra de los artistas, escritores, compositores, cineastas, científicos y demás creadores culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones.

Artículo 102.

La educación es un derecho humano y un deber moral y social fundamental, es democrática, gratuita o de pago pero siempre obligatoria. La Nación hecha Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico, cultural y artistico entre otras, al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público o privado y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, moral cultural, productiva y económica consustanciales con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. La Nación hecha Estado con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.


Artículo 103.

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida publica en las instituciones del Estado es gratuita a todos los niveles. A tal fin La Nación hecha Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la de los ciudadanos de la República Libre de Venezuela. La Nación hecha Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

Artículo 104.

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. La Nación hecha Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Artículo 105.

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.

Artículo 106.

Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia de la Nación hecha Estado, previa aceptación de éste.

Artículo 107.

La educación ambiental es obligatoria en las modalidades del sistema educativo a todo nivel tanto público como privado, así como también en la educación laboral de forma autogestionaria del sistema de proyectos y sugerencias con todas sus directrices. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela.

Artículo 108.

Los medios de comunicación públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. La Nación hecha Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 109.

La Nación hecha Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes, maestros, contramaestres, egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística, tecnológica, micro empresarial, empresarial, industrial, artesanal y todas aquellas no nombradas, para beneficio de la Nación hecha Estado. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.


Artículo 110.

La Nación hecha Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, productivo,social, moral, cultural, deportivo, político entre otros, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, La Nación hecha Estado destinará recursos suficientes para un sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley, así como también el sistema de industrias abiertas y el sistema de Proyectos y sugerencias conjuntamente con los departamentos pertinentes, donde el sector privado tiene que ser condescendiente y aportar recursos para los mismos recibiendo bienestares a cambio.

La Nación hecha Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística, tecnológica. microempresarial, empresarial, industrial, artesanal y todas aquellas no nombradas. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a estas garantías.

Artículo 111.

Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. La Nación hecha Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia.

Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. La Nación hecha Estado garantizará la atención integral de los deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado de conformidad con la ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones, organizaciones y comunidades que promuevan a los atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.



Capítulo VII

De los Derechos Económicos


Artículo 112.


Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica y productiva de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interéses relacionados. La Nación hecha Estado promoverá la iniciativa privada y publica, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, u otras no nombradas siempre que sea licitas, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía y productividad e impulsar el desarrollo integral del país.

Artículo 113.

No se permitirán monopolios. Sólo podrán otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotación de obras y servicios de interés público. La Nacion hecha Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional, y propender a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control, así como también de las tendencia a las creaciones de industrias abiertas para la mano de obra popular.

La ley determinará lo concerniente a las industrias promovidas y dirigidas por La Nacion hecha Estado.


Artículo 114.

El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.

Artículo 115.

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Artículo 116.

No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución y por decisiones de la Asamblea del bloque mayor, las asambleas del bloque menor pueden con el 20% de la cantidad de los electores del Registro Civil aunque no esten inscritos,7 decidir en dichas confiscaciones o activar ejecuciónes confiscatorias.
Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme sin poder revertir las decisiones los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.


Artículo 117.

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos

Artículo 118.

Se reconoce el derecho de los trabajadores así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.

La Nación hecha Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Capítulo VIII
De los Derechos de los pueblos indígenas

Artículo 119.


La Nación hecha Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá a las Asambleas del Bloque Mayor, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Artículo 120.

El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte de la Nación hecha Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, moral, social, producriva y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.

Artículo 121.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.


Artículo 122.

Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. La Nación hecha Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas morales, sociales, culturales, productivas y económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades morales, sociales, culturales, producrivas y económicas en el marco del desarrollo local sustentable. La Nación hecha Estado garantizará a los indigenas el sistema de Asambleas pertinrntes y el goce de los derechos que la confiere.

Artículo 124.

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125.

Los pueblos indígenas tienen derecho como todos los ciudadanos de Venezuela a la participación política y pertenecer a las Asambleas que les pertecenen de por ley. La Nación hecha Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.


Artículo 126.

Los pueblos indígenas, siendo culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Patria como entes originarias, nativas o aborígenes, y por ende forman parte de la Nación hecha Estado Venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional participando activamente en su libre albedrío y sin obligación como todos los entes que conforman el sistema de los bloques.

Capítulo IX

De los Derechos Ambientales

Artículo 127.


Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. La Nación hecha Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental de la Nación hecha Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128.

La Nación hecha Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades de salud, ecológicas, geográficas, poblacionales, morales, sociales, culturales, deportivas, productivas,económicas, políticas y otras no nombradas que de acuerdo con las premisas den un desarrollo sustentable a la población, imperante a la información, consulta y participación ciudadana creando en su entorno el mejoramiento por medio de sus ciudadanos que habitan en cada lugar, territorio o región por medio del sistema de proyectos y sugerencias.

Artículo 129.

Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural con sus respectivos de reconstruccion para resarcir dichos daños. La Nación hecha Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.


Capítulo X

De los Deberes

Artículo 130.


Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

Artículo 131.

Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Publico, así como tambien en participar de forma directa a la reconstruccion de estas leyes para potenciar esta constitución, como tambien participar en construir nuevas leyes las cuales fueron inexistentes hasta el momento.

Todo ciudadano como Asambleista que es, no da el derecho a violar la constitución de la República Libre de Venezuela.

Artículo 132.

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.


Artículo 133.

Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.

Artículo 134.

Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.

Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se le asignen de conformidad con la ley.

Artículo 135.

Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.

Fin del TÍTULO III.

TÍTULO IV

DEL PODER PÚBLICO

Capítulo I

De las Disposiciones Fundamentales

Sección Primera: Disposiciones Generales


Artículo 136.


El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines de La Nación hecha Estado.

Artículo 137.

Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.


Artículo 138.

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Así como también cuando toda autoridad se despega de sus funciones de crear bienestares para los ciudadanos, o de no acatar las leyes de esta constitución entonces no existe la duda de que es una autoridad inadmisible y su mandato es ilegítimo, como tal tiene que ser removido de sus funciones.
En esta constitución se traspasa el poder público al ciudadano de la Nación por medio de sus asambleas del bloque menor, pudiendo con toda facultad con un porcentaje igual o mayor de votos, a la cantidad de personas que componen los demas poderes, reemplazar de inmediato a la autoridad o autoridades ilegitimas.

Artículo 139.

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.

Artículo 140.

La Nación hecha Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.

Sección Segunda: De la administración pública

Artículo 141.


La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, porque ellos son los encargados de vigilar e interferir por alguna causa dichas administraciones bien sea directa o indirectamente, siempre con sometimiento pleno a la ley y al derecho.


Artículo 142.

Los institutos autónomos sólo podrán crearse por ley. Tales instituciones así como los intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control de La Nación hecha Estado en la forma que la ley establezca.

Artículo 143.

Los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática participativa y protagonica en materias relativas a seguridad interior y exterior, a la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Sección Tercera: De la Función Pública

Artículo 144.


La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios de la Administración Pública, y proveerá su incorporación a la seguridad social.

La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer sus cargos.


Artículo 145.

Los funcionarios públicos están al servicio del todos por igual sin ecepción y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro, salvo las excepciones que establezca la ley.

Artículo 146.

Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.
El ingreso de los funcionarios públicos a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño.

Artículo 147.

Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente.


Las escalas de salarios en la Administración Pública del bloque mayor y sus brazos o raices se establecerán reglamentariamente conforme a la ley.

El Bloque Menor estará sujeta a las remuneraciones según participación y aportaciones, y al incentivo de la repartición de los excedentes de la Nación como los beneficios que resulten del sistema.

La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos Municipales, Estadales y Nacionales.

La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos Nacionales, Estadales y Municipales.


Artículo 148.

Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal.

Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente determinados en la ley.

Artículo 149.

Los brazos o raices del Bloque Menor no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la mayoría de los votos de la Asamblea General. Sea cual fuere el porcentaje de votos y su numero de Asambleistas el quien tenga mayor voto es la dicición del soberano.

Sección Cuarta: De los Contratos de Interés Público.

Artículo 150.


La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.

Artículo 151.

En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.


Sección Quinta: De las Relaciones Internacionales.


Artículo 152.


Las relaciones internacionales de la República responden a los fines de La Nación hecha Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses de todos los ciudadanos; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los ciudadanos de la Nación, en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.

Artículo 153.

La República promoverá y favorecerá la integración del hemisferio ocidental en aras de avanzar en una comunidad de Naciones, defendiendo los intereses económicos, morales, sociales, culturales, artesanales, empresariales, manufactureros, industriales, comerciales, energéticos, políticos, ambientales cientificos, deporrivos y otras no nombradas de lícitos movimientos. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo de las naciones necesitadas y que garanticen el bienestar de los ciudadanos de las Naciones y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración.

Dentro de las políticas de integración y unión, la República privilegiará relaciones procurando que sea una política amistosa con nuestro hemisferio occidental y el oriental por el bien de toda humanidad, Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

Artículo 154.

Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por la Asamblea de Presidencia, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional es el Bloque Mayor y el Procurador General de la República.


Artículo 155.

En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración.

Capítulo II

De la Competencia del Poder Público Nacional

Artículo 156.


Es de la competencia del Poder Público Nacional:

    1. La política y la actuación internacional de la República.

    2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.

    3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.

    4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros.

    5. Los servicios de identificación.

    6. La policía nacional.

    7.La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.

    8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.

    9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.

    10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.

    11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda.

    12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.

    13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.

    14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.

    15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas.

    16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.

    17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.

    18. Los censos y estadísticas nacionales.

    19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.

    20. Las obras públicas de interés nacional.

    21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.

    22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.

    23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio.

    24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.

    25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.


    26. El régimen de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.

    27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.

    28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.

    29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial, electricidad, agua potable y gas.

    30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.

    31. La organización y administración nacional de la justicia del Ministerio Publico y las comisiones especiales para la defensa del ciudadano de la Nación.

    32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.

    33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza

Todas estas tienen que ser estudiadas por la Asamblea General de Estudio Nacional o del Estado afectado, y tienen que ser aprobadas por dichas Asambleas para que se haga los procesos que le confieran lugar para su funcionamienro, así como también, exigir que sea aplicada una o varias de ellas cuando sea necesaria exponiendo al Poder Publico Nacional los respectivos puntos a tratar.

Artículo 157.

La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización.

Artículo 158.

La Asamblea Productora es el Pueblo, y forma parte importante del Estado que por medio de sus participaciones dentro del sistema de proyectos y sugerencias, crean la descentralización como política nacional, Profundiza la democracia libre participativa, llevando el poder a la población creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia plena como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

Capítulo III

Del Poder Público Estadal

Artículo 159.


Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.

Artículo 160.

El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador. Para ser Gobernador se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador será elegido por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador podrá ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo período.

Artículo 161.

Los Gobernadores rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor del Estado y presentarán un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.


Artículo 162.

El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

    1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.

    2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.

    3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados a la Asamblea Ejecutivos, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores estadales serán elegidos por un período de cuatro años pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos como máximo. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.

Artículo 163.

Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y a la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia, así como la neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.


Artículo 164.

Es de la competencia exclusiva de los estados:

    1. Dictar su Constitución de Estado para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución.

    2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división político territorial, conforme a esta Constitución y a la ley.

    3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales.

    4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.

    5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.

    6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

    7. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.

    8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales.

    9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales;

    10. La conservación, creación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Bloque Mayor.

    11. La Creación de industrias abiertas en la mano del Bloque Menor conjuntamente con los proyectos y sugerencias que puedan emanarse de ellos mismos.

    12.Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal.

Artículo 165.

Las materias con objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

Artículo 166.

En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador e integrado por los Alcaldes, Comisiones de las Asambleas de Estudios, comisiones de las Asambleas productoras; y una representación de los legisladores elegidos por cada Estado a la Asamblea de Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales de las comunidades y de las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.

Artículo 167.

Son ingresos de los Estados:
    1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.

    2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.

    3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.

    4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades.

    En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.

    En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado.

    La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo.

    5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales.
    Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.

    6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.

Capítulo IV

Del Poder Público Municipal

Artículo 168.


Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
    1. La elección de sus autoridades.

    2. La gestión de las materias de su competencia.

    3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 169.

La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados y sus Asambleistas.

La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los Municipios con población indígena si existieran. En todo caso, la organización municipal será democrática libre y participativa y responderá a la naturaleza propia del gobierno local.


Artículo 170.

Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos metropolitanos.

Artículo 171.

Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático libre y participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano.

La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones.


Artículo 172.

El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano.

Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asambleas Nacional conjuntamente con una comisión de la Asamblea de Estudio y otra comisión de la Asamblea Productora de sus territorios, donde el mayor conteo de votos del pueblo que pertenezcan dicho territorio decidan su aceptación o rechazo para su creación y organización.

Artículo 173.

El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio.

Artículo 174.

El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde será elegido por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo período.

Artículo 175.

La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por concejales elegidos en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.


Artículo 176.

Corresponde a la Contraloría Municipal el control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el Contralor Municipal designado por el Concejo mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado para el cargo, trabajarán en conjunto con una comisión de la Asamblea de Estudio elegidos por las universidades del municipio o del estado de ese municipio si no existiece, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.

Artículo 177.

La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funciones de Alcaldes y concejales.

Artículo 178.

Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico, productivo, moral, cultural, social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

    1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.

    2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros.

    3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.

    4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.

    5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.

    6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.

    7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

    8. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley. Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta Constitución.

Una comisión de la Asamblea de Estudio de su municipio trabajará conjuntamente con el alcalde y consejales, en dado caso que el municipio carezca de universidad, la Asamblea de Estudio General de su Estado puede asignar una comisión para tal fin siendo entes de la Asamblea Productora.


Artículo 179.

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

    1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.

    2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.

    3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

    4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales.

    5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas.

    6. Los demás que determine la ley.


Artículo 180.

La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades.

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes político territoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.

Artículo 181.

Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta Constitución y a la legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueño son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.


Artículo 182.

El Consejo Local de Planificación Pública tiene que ser presidido por el Alcalde e integrado por los concejales, y presenciado por las comisiones que lw acompañan, los Presidentes de las Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

Artículo 183.

Los Estados y los Municipios no podrán:

    1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional.

    2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio.

    3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

    4 Gravar la producción o los productos que estén en los depositos o que se realicen en las industrias abiertas del Intercongreso Contoni, los productos realizados por la Asamblea Productora en las industrias abiertas son de caracter inalterable y solo la Asamblea Productora puede decidir que hacer con sus producciones.

Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.


Artículo 184.

La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados en Asambleas Productoras o no, los servicios que éstos gestionen con previa demostración de su capacidad para prestarlos promoveriendo:

    1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.

    2. La participación de las comunidades y de ciudadanos organizados en Asambleas Productoras o no, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y creación industrias de servicios públicos en su jurisdicción.

    3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía moral,social, productiva y economicas, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

    4. La participación de los trabajadores, ciudadanos y comunidades en la gestión de las empresas y micro empresas publicas generadora de proyectos que por medio de la Asamblea Productora se transforme a mecanismos autogestionarios, cogestionarios, productivos y potenciales.

    5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas publicas de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar moral, social, productivas y economicas propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.

    6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios, las vecindades, pequeñas, medianas y grandes ciudades en todo el territorio Nacional, a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.

    7. La participación de las comunidades y ciudadanos en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
Capítulo V

Del Consejo Federal de Gobierno

Artículo 185.


El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por la Asamblea de Auspicio e integrado por la Asamblea de Ejecutivos, los gobernadores, un alcalde por cada Estado y una comisión de la Asamblea de Estudios y una comisión de la Asamblea Productora debidamente seleccionados con anterioridad por sus asambleístas, de acuerdo con la ley.

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por un miembro de la Asamblea de Auspicio, dos miembros de la Asamblea de Ejecutivos, tres gobernadores y tres alcaldes, uno de la Asamblea de Estudios y uno de la Asamblea Productora. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.

El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

Fin del TÍTULO IV



TÍTULO V

De la Organización del Poder Público Nacional

Capítulo I

Del Poder Legislativo Nacional.

Sección Primera: Disposiciones Generales
.

Artículo 186.

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.

Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados. Los pueblos indígenas de la República Libre de Venezuela elegirán tres diputados de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado tendrá un suplente escogido en el mismo proceso.

Artículo 187.

Corresponde a la Asamblea Nacional:

    1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.

    2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta.

    3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca.

    4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.

    5. Decretar amnistías.

    6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.

    7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.

    8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico, moral, productivo y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.

    9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.

    10. Dar voto de censura a cualquier integrante o integrantes de las Asambleas del Bloque Mayor. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea Nacional, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados que el voto de censura implica la destitución del cualquier integrante o integrantes de las Asambleas del Bloque Mayor.

    11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.

    12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.

    13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.

    14. Autorizar el nombramiento del Procurador General de la República y de los Jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes.

    15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación Asamblea de Presidencia de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores de Estado o de los rectores de las Universidades Nacionales en pleno.

    16 Velar por los intereses y autonomía de los Estados.

    17. Autorizar la salida del integrante o los integrantes de la Asamblea de Presidencis de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

    18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.

    19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.

    20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

    21. Organizar su servicio de seguridad interna.

    22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país.

    23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa.

    24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 188.

Las condiciones para ser elegido diputado a la Asamblea Nacional son:

    1. Ser venezolano por nacimiento o por naturalización con por lo menos, quince años de residencia en territorio venezolano.

    2. Ser mayor de veintiún años de edad.

    3. Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección.

Artículo 189.

No podrán ser elegidos diputados:

    1. Los integrantes del Bloque Mayor, el Secretario de la Presidencia de la República y los Presidentes y Directores de los Institutos Autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.

    2. Los gobernadores y secretarios de gobierno, de los Estados y autoridades de similar jerarquía del Distrito Capital, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.

    3. Los funcionarios municipales, estadales o nacionales, de Institutos Autónomos o empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académico.

La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros funcionarios.

Artículo 190.

Los diputados a la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses económicos, los integrantes de la Asamblea Nacional, que estén involucrados en dichos conflictos, deberán abstenerse.

Artículo 191.

Los diputados a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.

Artículo 192.

Los diputados a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos como máximo.

Sección Segunda: De la Organización de la Asamblea Nacional.

Artículo 193.


La Asamblea Nacional nombrará Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanentes en un número no mayor de quince, estarán referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con carácter temporal para investigación y estudio todo ello de conformidad con su Reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

Las comisiones que se generen en la Asamblea de Estudio del Bloque Menor son sagradas e intocables por la Asamblea Nacional y solo ellas podrán suprimir las comisiones que ellas han creado.

Artículo 194.

La Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente y dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario fuera de su seno y fuera de su juridicidad por un período de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas.

Artículo 195.

Durante el receso de la Asamblea Nacional funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Los Vicepresidentes y los Presidentes de las Comisiones Permanentes.

Artículo 196.

Son atribuciones de la Comisión Delegada:

    1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto.

    2. Autorizar a la Asamblea de Presidencia de la República para salir del territorio nacional.

    3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales.

    4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea Nacional.

    5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea Nacional.

    6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada.

Sección Tercera: De los Diputados de la Asamblea Nacional.

Artículo 197.


Los diputados a la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses de todos los ciudadanos de la Nación y a mantener una vinculación permanente con sus ciudadanos y electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión y la de la Asamblea Nacional. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la circunscripción por la cual fueron elegidos y estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.

Artículo 198.

El diputado a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período.

Artículo 199.

Los diputados a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los ciudadanos y electores, una comisión de la Asamblea de Estudio o el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los Reglamentos.

Artículo 200.

Los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

Los funcionarios públicos que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley.

Artículo 201.

Los diputados son representantes de todos los ciudadanos de la Nación, de las Asambleas del Bloque Menor y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.

Sección Cuarta: De la Formación de las Leyes


Artículo 202.


La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.

Artículo 203.

Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.

Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas.

Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter.

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan a la Asamblea de Presidencia de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.

Artículo 204.

La iniciativa de las leyes corresponde:

    1. Al Bloque Mayor.

    2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.

    3. A los integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.

    4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.

    5. Al Bloque Menor en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos en el registro civil y electoral, y aquellos Asambleistas o ciudadanos aunque no esten inscritos.

    6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.

    7. A los electores en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos en el registro civil y electoral y aquellos Asambleistas o ciudadanos aunque no esten inscritos.

    8. Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas a los Estados.

Artículo 205.

La discusión de los proyectos de ley presentados por los electores conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.

Artículo 206.

Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados, por parte del Consejo, en dichas materias.

Artículo 207.

Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, El Predidente de la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley. Las Asambleas del Bloque Menor sin determinación de tiempo y cuando ellas decidan, tiene toda la facultad y el derecho de revertir esta decisión si mas de la mitad de los votos de la Asamblea de Estudio General de Estado así lo decide, decir, si mas de la mitad de todas las Asambleas de Estudio de todos los Estados mas del Distrito Capial así lo decide.

Artículo 208,

En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión, el proyecto será remitido a la Comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias Comisiones Permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe.

Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de treinta días consecutivos.

Artículo 209,

Recibido el informe de la Comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a la Comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de quince días continuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a los artículos en que hubiere discrepancia y a los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia, la Presidencia declarará sancionada la ley.

Artículo 210.

La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de las sesiones, podrá continuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.

Artículo 211.

La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes la Asamblea de Ejecutivos en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe en representación del Poder Judicial; una comisión del Poder Ciudadano designado por el Bloque Menor; los integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un representante designado por el Consejo Legislativo y los representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.

Artículo 212.

Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: «La Asamblea Nacional de la República Libre de Venezuela, decreta:».

Artículo 213.

Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente de la Asamblea Nacional a la Asamblea de Presidencia de la República a los fines de su promulgación.

Artículo 214.

El Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de la Asamblea de Ejecutivos, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o a parte de ella.

La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por la Asamblea de Presidencia de la República, por mayoría absoluta de los diputados presentes y le remitirá la ley para la promulgación.

La Asamblea de Presidencia de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones.

Cuando la Asamblea de Presidencia de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la Asamblea de Presidencia de la República.

Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, La Asamblea de Presidencia de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso.

Artículo 215.

La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Libre de Venezuela.

Artículo 216.

Cuando La Asamblea de Presidencia de la República no promulgare la ley en los lapsos señalados, el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurriere por su omisión.

Artículo 217.

La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República.

Artículo 218.

Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

Sección Quinta: De los Procedimientos.

Artículo 219.

El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de agosto.

El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.

Artículo 220.

La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.

Artículo 221.

Los requisitos y procedimientos para la instalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional, y para el funcionamiento de sus Comisiones, serán determinados por el reglamento.

El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 222.

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223.

La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos están obligados bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los particulares, a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce.

Artículo 224.

El ejercicio de la facultad de investigación a que se refiere el Artículo anterior no afecta las atribuciones que correspondan al Poder Judicial de acuerdo con esta Constitución y las leyes.

Los jueces estarán obligados a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de los cuerpos legislativos al menos que sea decidida por mas de la mitad de los integrantes de la Asamblea de General de Estudios del Estado, es decir, mas de la mitad de los integrantes de la Asamblea de Estudio de cada Estado mas el Distrito Capital.

Capítulo II

Del Poder Ejecutivo Nacional

Seccion primera: De la Asamblea de Presidencia de la República.

Artículo 225.


El Poder Ejecutivo se ejerce por La Asamblea de Presidencia de la República, La Asamblea de Auspicio y la Asamblea de Ejecutivos.

Artículo 226.

La Asamblea de Presidencia de la República son los Jefes de La Nación hecha Estado y del Ejecutivo Nacional o del Bloque Mayor, en cuya condición dirigen la acción del Gobierno.

Las decisiones de la Asamblea de Presidencia se tomarán en cuenta con dos firmas como minimo, una sola firma no hace efecto para proceder. No puede existir la indecision de uno de ellos, si no firma no está de acuerdo.

Artículo 227.

Para ser elegido a La Asamblea de Presidencia de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.

Artículo 228.

La elección de la Asamblea de Presidencia se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamarán electos los candidatos que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos.

Artículo 229.

No podrá ser elegido a la Asamblea de Presidencia quien esté de ejercicio del cualquier cargo del bloque Mayor, Tampoco podrá ser elegido a la Asamblea de Presidencia quien esté de ejercicio del cargo de Gobernador o Alcalde, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección.

Artículo 230.

El período presidencial es de cuatro años. Cada Presidente de la Asamblea de Presidencia de la República puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo período. La reelección no pertenece a la Asamblea por completo sino por unidad representativa , siendo lo Moral, en lo Social y en lo Económico, pero pueden ser reelegidos los tres al mismo tiempo.

Artículo 231.

Los candidatos elegidos tomarán posesión del cargo que le correspondan de la Asamblea de Presidencia el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea de Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido algún Presidente de la Asamblea de Presidencia no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 232.

Cada Presidente de la Asamblea de Presidencia de la República son responsables de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Están obligados a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la de la Asamblea de Auspicio ni la de la Asamblea de Ejecutivos de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 233.

Serán faltas absolutas de alguno de la Asamblea de Presidencia: su muerte, sus renuncia, o su destitucion decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sus incapacidades físicas o mentales permanentes certificadas por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional , así como la revocaciones populares de sus mandatos.

Cuando se produzca la falta absoluta de uno, dos o los tres de los Presidentes electos de la Asamblea de la Presidencia antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión de el o los nuevos Presidentes de la Asamblea de Presidencia, se encargará del tiempo vacante de la Asamblea de Presidencia de la República uno por cada faltante elegidos por la Asamblea Nacional.

Si la falta absoluta de un o varios Presidentes de la Asamblea Presidencial de la República se produce durante los primeros dos años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo o los nuevos Presidentes, se encargará del puesto de la Asamblea de Presidencia de la República uno por cada faltante nombrados por la Asamblea Nacional.

En los casos anteriores, el o los nuevos Presidentes elegidos completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, se encargará de la Presidencia de la República uno de los dos nombrados de su calificación de la Asamblea de Auspicio ( Moral, Social y Económico ) hasta completar dicho período y se nombrarán encargados para los puestos vacantes de la Asamblea de Auspicio.

El Bloque Mayor en pleno se encargará de la elección de los encargados de los puestos vacantes que ha dejado la Asamblea de Auspicio para tal fin sin darle importancia de los nombramientos Moral, Social y Económico.

Artículo 234.

Las faltas temporales de uno o los tres Presidentes o Presidentas de la Asamblea de Presidencia, serán suplidas por uno de los dos nombrados de su calificación de la Asamblea de Auspicio ( Moral, Social y Económico ) hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.

Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Artículo 235.

La ausencia del territorio nacional por parte de algunos, uno, o todos de la Asamblea de Presidencia de la República requierirá autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

Sección Segunda: De las Atribuciones de la Asamblea de Presidencia

Artículo 236.


Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea de Presidencia de la República:

    1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.

    2. Dirigir la acción del Gobierno.

    3. Nombrar y remover la Asamblea de Auspicio siendo dos por cada nombramiento, es decir dos por lo Moral, dos por lo Social y dos por lo Económico y ningúno puede intrometerse en los asuntos del otro.

    4. Nombrar y remover la Asamblea de Ejecutivos siendo dos por cada nombramiento, es decir dos por lo Moral, dos por lo Social y dos por lo Económico y ningúno puede intrometerse en los asuntos del otro.

    5. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.

    6. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandantes en Jefes, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.

    7. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos.

    8. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.

    9. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.

    10. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.

    11. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.

    12. Administrar la Hacienda Pública Nacional.

    13. Negociar los empréstitos nacionales.

    14. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.

    15. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley.

    16. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador General de la República y a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes.

    17. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.

    18. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio de algun integrante de la Asamblea de Auspicio, informes o mensajes especiales.

    19. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.

    20. Conceder indultos.

    21. Fijar el número, organización, competencia, nombramientos y remoción de los organismos de la Administración Pública Nacional, toda administración publica Nacional tendrá una comisión de la Asamblea de Estudio del Bloque Menor.

    22. Formular la organización y funcionamiento del Consejo de Asambleas del Bloque Mayor, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley.

    23. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.

    24. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.

    25. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.

La Asamblea de Presidencia de la República ejercerá en Consejo del Bloque Mayor las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.

Los actos de La Asamblea de Presidencia de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3, 4 y 5, serán refrendados para su validez por las Asambleas de Auspicio y Ejecutivos.

Segun numeral 21 Los Organismos de la administración Publica Nacional deben presentar ante la Asamblea Nacional y ante la Asamblea de Estudio General Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.

Artículo 237.

Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, La Asambles de Presidencia de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional y a la Asamblea de Estudio General Nacional del Bloque Menor, un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.

Sección Tercera: De la Asamblea de Auspicio.

Artículo 238.


La Asamblea de Auspicio es el órgano directo y colaborador inmediato de la Asamblea de Presidencia de sus representaciónes en su condición de Jefes del Ejecutivo Nacional. La Asamblea de Auspicio en lo moral auspicia al Presidente Moral, La Asamblea de Auspicio en lo Social auspicia al Presidente Social y la Asamblea de Auspicio en lo económico auspicia al presidente económico.

La Asamblea de Auspicio reunirán las mismas condiciones exigidas de la Asamblea de Presidencia, y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éstos.

Las decisiones de estas Asambleas para asuntos de la misma representación, son atribuidos bajo la aprobación de dos firmas, si existe empate la firma del presidente de su representacion decide.

Las decisiones de estas Asambleas para los asuntos con la unidad de representación siendo 6 en su totalidad, son atribuidos bajo la aprobacion de mas de 3 firmas, cuando exista empate a 3 firmas cuenta el voto de decisión del procurador General de la República.

Artículo 239.

Son atribuciones de la Asamblea de Auspicio:

    1. Colaborar con la Asamblea de Presidencia de la República en la dirección de la acción del Gobierno.

    2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Presidencia de la República.

    3. Proponer a La Asamblea de Presidencia de la República el nombramiento y la remoción de los organismos de la Administración Pública Nacional.

    4. Presidir, previa autorización del Presidente que le corresponda de la Asamblea de Presidencia de la República, el Consejo del Bloque Mayor.

    5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.

    6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.

    7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.

    8. Suplir las faltas temporales del Presidente de la Asambles de Predidencia de la República a la cual representa.

    9. Ejercer las atribuciones que la Asamblea de Presidencia de la República.

    10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.

Como recordatorio, según el numeral 3 se repite una clasura dictada para el numeral 21 de las atribuciones de la Asamblea de presidencia la cual dicta: Los Organismos de la administración Publica Nacional deben presentar ante la Asamblea Nacional y ante la Asamblea de Estudio General Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.

Artículo 240.

La aprobación de una moción de censura al o los integrantes de la Asamblea de Auspicio por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario o los funcionarios removidos no podrá optar a ningún cargo en el Bloque Mayor por el resto del período presidencial y solo pueden pertenecer a la Asamblea Productora.

La remoción al o los integrantes de la Asamblea de Auspicio siendo las mismas personas en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta a la Asamblea de Predidencis de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.

La Asamblea Nacional no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.

Artículo 241.

Cada integrante de la Asamblea de Auspicio son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Sección Cuarta: De la Asamblea de Auspicio y el Consejo del Bloque Mayor.


Artículo 242.


La Asamblea de Ejecutivos son órganos directos de La Asamblea de Presidencia de la República, y reunidos conjuntamente con la Asamblea de Auspicio, integran el Consejo del Bloque Mayor.

La Asamblea de Presidencia de la República presidirá las reuniones del Consejo del Bloque Mayor, pero podrá autorizar a la Asamblea de Auspicio de su respectiva representación para que las presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el Presidente de su representacion de la Asamblea de Presidencia de la República para su validez.

De las decisiones del Consejo del Bloque Mayor son solidariamente responsables, la Asamblea de Auspicio y la Asamblea de Ejecutivos que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso o negativo.

Artículo 243.

Cualquier Presidente de la Asamblea Presidencia de la República podrá nombrar entes de la Asamblea de Estudios del Bloque Menor cuando al Consejo del Bloque Mayor se refiera, los cuales, además de participar en el Consejo del Bloque Mayor, asesorarán al Presidente de la Asamblea de Presidencia de la República y a la Asamblea de Auspicio de su representación en los asuntos que le fueren asignados.

Artículo 244.

Para pertenecer a la Asamblea de Ejecutivos se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución.

Cada miembro de la Asamblea de Ejecutivos son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 245.

Los miembros de la Asambles de Auspicio tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Podrán tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.

Artículo 246.

La aprobación de una moción de censura a un Asambleista Ejecutivo por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido no podrá optar al cargo del Bloque Mayor por el resto del período presidencial y pasará a formar parte de la Asamblea Productora..

Sección Quinta: De la Procuraduría General de la República.

Artículo 247.


La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional.

La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento.

Artículo 248.

La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios que determine su ley orgánica.

Artículo 249.

El Procurador General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por la Asamblea de Presidencia de la República con la autorización de la Asamblea Nacional.

Artículo 250.

El Procurador General de la República asistirá, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo del Bloque Mayor.

Sección Sexta: Del Consejo de Estado

Artículo 251.


El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que La Asamblea de Presidencia de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión.

La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.

Artículo 252.

El Consejo de Estado lo preside La Asamblea de Auspicio con un representante en lo moral, un representante en lo social y un representante en lo económico y estará conformado, además, por una personas designadas por la Asamblea de Presidencia de la República; un representante designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales, un decano universitario designado por la Asamblea General de Estudios Nacional y un ciudadano designado por la Asamblea Productora.

Capítulo III

Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia

Sección Primera: Disposiciones Generales.

Artículo 253.


La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.

Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares, los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.

Artículo 254.

El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.

Artículo 255.

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces, Los jueces sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.

La ley propenderá a la profesionalización de los jueces y las universidades colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial correspondiente.

Los jueces son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Artículo 256.

Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, los jueces, los fiscales del Ministerio Público; y los defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ningúna otra función pública a excepción de actividades educativas.

Las comisiones especiales de la Asamblea de Estudio y las comisiones especiales de la Asamblea Productora que sean creadas para la defensa del ciudadano de la Nación, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo partidista, gremial, sindical o de cualquier índole político, tal violacion a esta será restituido del cargo que desempeña para la defensa del ciudadano de la Nación. En virtud a esto, si podrán realizar actividades privadas y publicas lucrativas mientras que no sean compatibles con las funciones que desempeñan, mientras que no infrinjan esta ley, podrán ejercer toda función pública o privada,

Los jueces o juezas no podrán asociarse entre sí.

Artículo 257.

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Artículo 258.

La ley organizará la justicia de paz por medio de las comisiones especiales de la Asamblea de Estudio y las comisiones especiales de la Asamblea Productora que sean creadas para la defensa del ciudadano de la Nación, los cuerpos policiales y de seguridad de la Nación, tienen el deber de tratar a todos los ciudadanos si. violar los derechos humanos consagrados en esta constitución y en la ley .

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

Los jueces elegidos tienen que ser condecentes con las comisiones de la Asamblea del Bloque Menor que se vayan a crear para la defensa del ciudadano de la Nación, si existiece algun tipo de problema, deven de notificar a la Asamblea General de Estudio Nacional sobre lo que sucede, para proceder a defender a la comisión creada para defender al ciudadano de la Nación.

Artículo 259.

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Artículo 260.

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Artículo 261.

La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Artículo 262.

El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica.

La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.

Sección Segunda: Del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 263.


Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:

    1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad.

    2. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad.

    3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

Artículo 264.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, de las comisiones especiales de la Asamblea de Estudio y las comisiones especiales de la Asamblea Productora, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva.

Los ciudadanos, las comisiones especiales de la Asamblea de Estudio y las comisiones especiales de la Asamblea Productora, podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.

Artículo 265.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, como también tiene el mismo derecho y la misma forma la Asamblea de Estudo General de Estado, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por las comisiones especiales de la defensa al ciudadano de la Nación del Bloque Menor en los términos que la ley establezca.

Artículo 266.

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

    1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución.

    2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de algunos o todos de los Presidentes de la Asamblea de Presidencia o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea de Nacional, hasta sentencia definitiva.

    3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de algún miembro o algunos miembros del Bloque Mayor, los integranted de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, del Procurador General, del Fiscal General, del Contralor General de la República, del defensor del ciudadano, los Gobernadores, de los alcaldes, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes de misiones diplomáticas de la República, y en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

    4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.

    5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional cuando sea procedente

    6. Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.

    7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.

    8. Conocer del recurso de casación.

    9. Las demás que establezca la ley.

La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley

Sección Tercera: Del Gobierno y de la Administración del Poder Judicial

Artículo 267.


Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados y jueces estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano que dictará la Asamblea Nacional ractificado por la Asamblea de Esgudio General Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.

Artículo 268.

La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor.

Artículo 269.

La ley regulará la organización de circuitos judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.

<99> Artículo 270.

El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 271.

En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.

El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.

Artículo 272.

La Nación hecha Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Capítulo IV

Del Poder Ciudadano

Sección Primera: Disposiciones Generales

Artículo 273.


El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Universitario de la República, integrado por un delegado de la Asamblea General de Estudio Nacional nombrado Defensor del Ciudadano, el Fiscal General y el Contralor General de la República. Sin obligación alguna, el delegado de la Asamblea de Estudio nombrado Defensor del ciudadano, puede ser un ciudadano de la República Libre de Venezuela con la capacidad suficiente, honesto y de reputación que alla ejercido anteriormente la justicia y tenga un record exelente y es puesto por la Asamblea de Estudio General de la Nación,

Los órganos del Poder Ciudadano son las comisiones especiales para la defensa del ciudadano de la Nación de las Asambleas de Estudio de las Universidades publicas y privadas, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno de cuyos titulares será designado por el Consejo Universitario de la República como su Presidente por períodos de un año, pudiendo ser reelegido.

El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.

Artículo 274.

Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa de La Nación hecha Estado; e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia participatica, la responsabilidad social, moral, productiva, economica y el trabajo.

Artículo 275.

Los representantes del Consejo Universitario de la República formularán a las autoridades funcionarios de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Universitario de la República podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el Presidente del Consejo Universitario de la República presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito el funcionario público para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.

Artículo 276.

El Presidente del Consejo Universitario de la República y los titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria y copia exacta a la Asamblea de Estudio General de la Nación. Así mismo, presentarán los informes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional dando una copia exacta de la misma a la Asamblea de Estudio General Nacional.

Artículo 277.

Todos los funcionarios de la Administración Pública están obligados bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los representantes del Consejo Universitato de la República en sus investigaciones. Éste podrá solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano sólo podrá suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley.

Artículo 278.

El Consejo Universitario de la República promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República, al trabajo digno, a todos los temas Universitarios y colegiales, actividades industriales, actividades comerciales, a todas las actividades del ciudadano de funciones licitas y a la observancia y respeto de los derechos humanos.

Artículo 279.

El Consejo Universitario de la República convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano entre todas las Universidades del país e integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, en otro lapso no mayor de treinta días continuos podrá hacerlo la Asamblea de Estudio General de la Nación, si todavia no se han escogidos, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

Los integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional y serán removidos previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo con lo establecido en la ley.

Sección Segunda: Las Comisiones Especiales Para La Defensa Del Ciudadano


Artículo 280.


Las comisiones especiales para la defensa del ciudadano tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos.

las comisiones especiales para la defensa del ciudadano actuarán bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Ciudadano, quien será designado por un único período de siete años.

Artículo 281.

Son atribuciones del Defensor del Ciudadano:

    1. Velar por los tratados, convenios y acuerdos Nacionales e internacionales sobre los derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte a las denuncias que lleguen a su conocimiento. ampliamente dicho, Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos y otros derechos que se expresan y se reconocen en esta Constitución

    2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y privados, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir a La Nación hecha Estado y al sector privado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados, con motivo del funcionamiento de los asuntos públicos y privados.

    3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley.

    4. Instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o entes privados responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos y de los derechos consagrados en esta contitución.

    5. Solicitar al Consejo Universitario de la República que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos y entes privados responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos y otros derechos consagrados en esta constitución.

    6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario de conformidad con la ley.

    7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, los proyectos y sugerencias diversos emanados por el Bloque Menor que hubieren lugar, los proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos y otros derechos que confiere esta constitución.

    8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección.

    9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos de La Nación hecha Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y otros derechos consagrados en esta constitución.

    10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos y otros derechos consagrados en esta constitución en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos y otros derechos consagrados en esta constitución.

    11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos y otros derechos consagrados en esta constitución.

    12. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Artículo 282.

El Defensor del Cuidadano gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto, no podrá ser perseguido, detenido ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 283.

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de las comisiones especiales para la defensa del ciudadano en el ámbito municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regirá por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio.

Sección Tercera: Del Ministerio Publico.

Artículo 284.


El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de las comisiones de la Asamblea de Estudios y de la Asamblea Productora del Bloque Menor y de los funcionarios que determine la ley.

Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal General de la República será designado para un período de siete años.

Artículo 285.

Son atribuciones del Ministerio Público:

    1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

    2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

    3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

    4. Ejercer en nombre de La Nación hecha Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.

    5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los entes del sector público y privados con motivo del ejercicio de sus funciones.

    6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo con esta Constitución y la ley.

Artículo 286.

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en los ámbitos municipal, estadal y nacional y proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales del Ministerio Público. Asimismo, establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función.

Sección Cuarta: De la Contraloría General de la República

Artículo 287.


La Contraloría General de la República es el órgano de control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos Goza de autonomía funcional administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control.

Artículo 288.

La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República, quien debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.

El Contralor General de la República será designado para un período de siete años.

Artículo 289.

Son atribuciones de la Contraloría General de la República:

    1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.

    2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.

    3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.

    4. Instar al Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.

    5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

    6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Artículo 290.

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del sistema nacional de control fiscal.

Artículo 291.

La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional es parte integrante del sistema nacional de control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República. Su organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, quien será designado mediante concurso de oposición.

Capítulo V

Del Poder Electoral.

Artículo 292.


El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector; y son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

Artículo 293.

El Poder Electoral tiene por funciones:

    1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan.

    2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente.

    3. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas.

    4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.

    5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.

    6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.

    7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral.

    8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos.

    9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.

    10. Las demás que determine la ley.

Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 294.

Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.

Artículo 295.

El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 296.

El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, tres de ellos serán postulados por la sociedad civil, uno o por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano.

Los tres integrantes postulados por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal y cada designado por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas cada una por un integrante postulado por la sociedad civil.

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley.

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 297.

La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.

Artículo 298.

La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.

Todos los actos de Elecciones tienen que ser transmitido por un canal de television explicando los reglamentos, organización, administración, dirección y vigilancia relativos a la elección, dichas grabaciones son guardadas por la Asamblea de Estudio General de la Nación durante el período de tiempo de los elegidos para sus funciones, en dado caso exista un reclamo o problema posteriormente referente a dichas elecciones, serán estudiados y si se consigue irregularidad se le comunicará a la Asamblea Nacional que haga cumplir con el restablecimiento debido consagrados en esta constitución y las que le disponga la ley, así como también las que puedan hacer la Asamblea de Estudio General Nacional y el Defensor del Ciudadano.

Fin del TÍTULO V

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TÍTULO VI

DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO

Capítulo I

Del Régimen Socio Económico y de la Función de la Nación hecha Estado en la Economía.


Artículo 299.


El régimen socioeconómico de la República Libre de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia plena participativa directa, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, moral. social y de solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para todos los ciudadanos de la Nación.

La Nación hecha Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, productividad, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía productiva del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de lo productivo y económico, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa, de consulta abierta y de participación directa.

Se dará el apoyo a todos los ciudadanos de la Nación por medio de un concepto de industrias abiertas conjuntamete con las Universidades de la Nación, donde se autogestionarán y se fortalecerán en la educación laboral potenciando El Bloque Menor siendo integramente del Poder Ciudadano como a toda la Nación.

Artículo 300.

La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica, moral y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.

Artículo 301.

El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.

Artículo 302.

La Nación hecha Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.

La Nación hecha Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para todos los ciudadanos.

El concepto de las Industrias Abiertas bajo la dirección del Bloque Menor, refundan y potencian al patrimonio Nacional donde se llevan conceptos de la industrias privadas al sector público como lo son las textiles, del calzado, alimenticios, entretenimiento, tecnologias y demás, sin menoscabar o menospreciar el sector privado.

Artículo 303.

Por razones de soberanía productiva, económica, moral, social, política y de estrategia nacional, La Nación hecha Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

Artículo 304.

Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio.

Artículo 305.

La Nación hecha Estado promoverá la agricultura y la cría sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población como también fuente proveedora de materia prima renovable para los proyectos populares de la Nación, La agricultura y la cría debe de tener la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional con acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, como también deben de ofrecer el sustento para el aporte de mareria prima en la productividad de los ciudadanos para las industrias abiertas y otras que puedan interesar.

Las tecticas, ciencias, tecnologias, metodos y preparación para tratar las pieles y convertirlas en cueros moldeables para elaborar productos, como tambien los pelajes para los hilos, queda de parte de la Asamblea Productora por medio de sus proyectos donde la Nación hecha Estado le dará apoyo.

La seguridad alimentaria y productora de materia prima renovable, se obtiene de las labores de agricultura y crías así como otras actividades , también alcanzará el bienestar Nacional desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, abarcando a las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

La producción de alimentos y el trabajo que se pueda realizar con sus factores es de interés nacional y fundamental para el desarrollo Moral, Social, Productivo y Económico de la Nación. A tales fines, La Nación hecha Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, micro- macro empresarial, artesanal, manufacturero, productividad, capacitación en la mano de obra y otras que fueran que se puedan nombrar, necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento y de autosustento laboral con dignidad. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola y los provechos que salen de las tierras para la evolución del ser humano.

La Nación hecha Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley, como también protegerá a los sectores que laboren las tierras tanto en el aspecto público como privado siendo de suma importancia para nuestras bases de sustento Nacional.

Artículo 306.

La Nación hecha Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional.Igualmente fomentará la actividad agrícola , la cria y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Artículo 307.

La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola.

Los campesinos y demás productores agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. La Nación hecha Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola y de la cria. La ley regulará lo conducente a esta materia.

Artículo 308.

La Nación hecha Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, las Industrias Abiertas, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa del desarrollo. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.

Artículo 309.

La artesanía e industrias populares típicas de la Nación gozarán de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidades crediticias para promover su producción y comercialización.

Artículo 310.

El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, la Nación hecha Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. La Nación hecha Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional.

Capítulo II

Del Régimen Fiscal y Monetario

Sección Primera: Del Régimen Presupuestario.


Artículo 311.

La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.

El Bloque Mayor presentará a la Asamblea Nacional y a la Asamblea de Estudio General Nacional, para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. Los endeudamientos tienen que contar con sistemas de retroalimentación economica para poder restablecer dicha deuda y así mermar el peso del deficit de los gastos públicos. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.

Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.

Artículo 312.

La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Se repite la disposición que los endeudamientos tienen que ser acompañada por un sistema que pueda regresar la deuda adquirida. Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica, la ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto.

La ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional y una copia exacta a la Asamblea de Estudio General conjuntamente con la Ley de Presupuesto.

El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley.

Artículo 313.

La administración económica y financiera de La Nación hecha Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional y una copia exacta a la Asamblea de Estudio General Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional y la copia exacta a la Asamblea de Estudio General Nacional, el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por la Asamblea Nacional, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.

Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal, y explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.

Artículo 314.

No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de la Asamblea de Auspicio y de la Asamblea de Ejecutivos y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada.

Artículo 315.

En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno, se establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional y a la Asamblea de Estudio General Nacional, la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.

Artículo 316.

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

Artículo 317.

No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.

No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios públicos se establecerá el doble de la pena.

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.

La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por la Asamblea de Presidenciaa de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley.

Sección Tercera: Del Sistema Monetario Nacional.

Artículo 318.

Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración hemosferica occidental, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.

Artículo 319.

El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley

El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá a la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional y sus cuentas y balances serán objeto de auditoria externa en los términos que fije la ley.

Artículo 320.

El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.

Las comisiones de la Asamblea de Estudio del Bloque Menor responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.

La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente del Banco Central de Venezuela y el titular de la comisión especial de la Asamblea de Estudio del Bloque Menor responsable de las finanzas, y se divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de cuentas.

Artículo 321.

Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos de La Nación hecha Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo.

Fin del TÍTULO VI

TÍTULO VII

De la Seguridad de la Nación

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 322.


La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad de La Nación hecha Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

Artículo 323.

El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por la Asamblea de Presidencia de la República, lo conforman, además, la Asamblea de Auspicio el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Consejo Universitario de la República y los Comites de la Asamblea Menor de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.

Artículo 324.

Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

Artículo 325.

El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca.

Capítulo II

De los Principios de Seguridad de la Nación.

Artículo 326.


La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre La Nación hecha Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, moral, social, político, cultural, cientifico, tecnologico, geográfico, ambiental y militar.

Artículo 327.

La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.

Capítulo III

De la Fuerza Armada Nacional.

Artículo 328.


La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Artículo 329.

El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.

Artículo 330.

Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Artículo 331.

Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva.

Capítulo IV

De los Órganos de Seguridad Ciudadana


Artículo 332.

El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

    1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.

    2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalísticas.

    3. Un cuerpo de bomberos y administración de emergencias de carácter civil.

    4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

Fin del TÍTULO VII

TÍTULO VIII

De la Protección de esta Constitución

Capítulo I

De la Garantía de esta Constitución.

Artículo 333.


Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 334.

Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

Artículo 335.

El Tribunal Supremo de Justicia velará por su uniforme interpretación y aplicación de la maxima Nacional y nadie puede doblegar, al menos que el Bloque Menor, garantizarándo la supremacía y efectismo de las normas y principios constitucionales, seán los últimos intérpretes de esta Constitución en tomar decisiones.

El Bloque Menor por su mayoría decide en caso de conflictos extremos a que se tenga que acudir a instancias de tribunales extranjeros de organizaciones pertinentes para reponer la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de la República Libre de Venezuela obligando al Tribunal Supremo de Justicia y a cualquier Organo contitucional a cumplir con su deber.

Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Artículo 336.

Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:


    1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional o de la Asamblea de Estudio General Nacional, que colidan con esta Constitución.

    2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.

    3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.

    4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.

    5. Verificar, a solicitud del la Asamblea de Presidencia de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación.

    6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por la Asamblea de Presidencia de la República.

    7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, establecer el plazo y de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

    8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.

    9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.

    10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

    11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.


Capítulo II

De los Estados de Excepción

Artículo 337.


La Asamblea de Presidencia de la República, en Consejo del Bloque Mayor conjuntamenge con la Asamblea de Estudio General Nacional, podrá decretar los estados de excepción y de emergencia. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Artículo 338.

Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Artículo 339.

El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Asamblea de Presidencia de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

Fin del TÍTULO VIII


TÍTULO IX

De la Reforma Constitucional

Capítulo I

De las Enmiendas

Artículo 340.


La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental.

Artículo 341.

Las enmiendas a esta Constitución se tramitarán en la forma siguiente:

    1. La iniciativa podrá tenerla a partir del quince por ciento los ciudadanos mayores de 18 años de edad inscritos o no en el registro Electoral Permanente, ya que estos forman parte de la Asamblea Productora del bloque Menor y esta no necesita estar inscrito al Poder Electoral si no desea,

    2. También podrá tener la iniciativa la Asamblea Nacional o la Asamblea de Presidencia de la República en Consejo del Bloque Mayor.

    3. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de ésta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá, según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes.

    4. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal.

    5. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio.

    6. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó.

Capítulo II

De la Reforma Constitucional

Artículo 342.


La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.

Artículo 343.

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente:

    1. El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera discusión en el período de sesiones correspondiente a la presentación del mismo.

    2. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según fuere el caso.

    3. Una tercera y última discusión artículo por artículo.

    4. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma.

    5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.


Artículo 344.

El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. El referendo se pronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado la Asamblea de Presidencia de la República, un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral, o un numero igual de personas del Bloque Menor aunque no esten inscritos en elRegisgro Civil y Electoral.

Artículo 345.

Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

Artículo 346.

La Asamblea de Presidencia de la República estará obligado a promulgar las enmiendas o reformas dentro de los diez días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se aplicará lo previsto en esta Constitución.

Capítulo III

De los candidatos a la Asamblea de Presidencia y otras postulaciones.

Artículo 347.


El ciudadano de la Nación hecha Estado de la República Libre de Venezuela, es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede ser candidato de la Asamblea de Presidencia de forma libre sin pertenecer a ningún partido politico, exponiendo sus proyectos pertinentes para tal fin.

Asi como también puede postularse para cualquier cargo público de elecciones libres, transformando así al Estado, pudiendo crear nuevos ordenamiento jurídico como también redactar una nueva Constitución total o parcialmente.


TÍTULO X

De los Bloques Mayor y Menor.

Artículo 348.


El Bloque Mayor es el gobierno fuerte y el Bloque Menor son las Universidades y los Ciudadanos en una participacion directa, endógena, democratica y libre con poder de Estado. El Bloque Mayor está obligado a cumplir con sus funciones mientras que el Bloque menor lo hace de forma libre pero con responsabilidades remuneradas.

Los ciudadanos entregan ideas, sugerencias y proyectos para potenciar a los ciudadanos y a la Nación, participan con sus entusiasmos y las Universidades publicas y privadas serán su apoyo.

El Bloque Menor es entre todos los poderes el actor contitucional donde el poder recide en el pueblo y es el organismo mas grande que existe.

Las decisiones que tome este Bloque por mayoria de sus participantes, si hacen una mayor cantidad de votos a la suma de personas de todos los poderes existentes, no podrán doblegar dichas decisiones aunque sea La Asamblea de Presidencia, La Corte Suprema de Justicia ni ningúna otra.

Con los derechos que le confiere del Artículo 6 y del Artículo 70 La Asambles de Estudio General Nacional como maxima del Bloque Menor, puede y tiene toda la facultad de remover los cargos y destituir a los integrantes del Bloque Mayor y a las de eleccion popular con la misma disposición de que si hacen una mayor cantidad de votos a la suma de personas de todos los poderes existentes quedaran destiruidos de los cargos a los que señalen en dicho acto.

Artículo 349

Todos los órganos de La Nación hecha Estado deben de tener una comisión del Bloque Menor para vigilar el desempeño de las funciones de los funcionarios públicos. Nada ni nadie puede negarse a este derecho así como también pueden tranformar al Estado con cada una de sus participaciones.

Las Asambless de Estudio pueden crear comisiones de Estudio con entes capaces de la Asamblea Productora aunque no estén en ningúna Universidad.


Artículo 350.

Todos los ciudadanos de la República Libre de Venezuela, fiel a su tradición del Gloria al Bavo Pueblo, a su lucha por la independencia, la ley respetando a la paz, la virtud, honor y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas participativas de esta constitución o menoscabe los derechos humanos.

De la Organización del Bloque Menor.

Artículo 351.

La organización del Bloque Menor es democracia participativa directa, endógena, pluralista, humanista, evolutiva, potencial, Repúblicana, de valores y de conciencia ciudadana donde la mayor expresion de libertad se denotan en ella.

El Organigrama del Bloque Menor.




Cambios realizados por los ciudadanos a esta Constitución



El ciudadano Marvin Antonio Molina Pérez quien a portado el concepto de los Municipios Subalternos ha reformado y mejorado el articulo 12 de esta constitución que anteriormente dictaba.

Artículo 12

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.

El cambio y mejoramienro del artículo quedando de esta forma.

Reforma Artículo 12 Constitucional

Los Yacimientos Mineros, de Hidrocarburos y Otras Riquezas, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el Suelo y Subsuelo del Territorio Nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a sus dueños naturales privados ( con sujeción de impuestos por parte del Estado Venezolano), y los terrenos baldíos existentes, pertenecen a la República de Venezuela, a los Estados Regionales, a Los Municipios Principales y a los Municipios Subalternos; por lo tanto; son inalienables e imprescriptibles de sus dueños naturales que demuestren la cadena sucesoral de la propiedad y la tenencia en tiempo de dichos territorios; los cuales podrán disponer a conveniencia y discreción de los intereses privados; y los Territorios  Baldíos  a conveniencia y discreción de los habitantes de las dependencias que estos correspondan. Las Costas Marinas son bienes del dominio del Estado Venezolano,  de los Estados Regionales, de los Municipios Principales y Municipios Subalternos según sea el caso.

Se creará y redactará una Ley Especial de la propiedad y la tenencia de las tierras y espacios territoriales que beneficie al estado venezolano, a los Estados Regionales, a los Municipios Princinpales, a los Municipios Sublalternos y sobre todo a los ciudadanos Venezolanos y extranjeros establecidos legalmente en el territorio nacional Venezolano.

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República Libre de Venezuela.

Intercongreso Contoni. Pedro Lopez.
Presidente.
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